CONSULTA POPULAR Y DEMOCRACIA
Estamos a pocos días de la consulta popular organizada por el Instituto Nacional Electoral (INE) y que tendrá lugar el próximo domingo 1 de agosto. Dicha consulta coloquialmente es conocida por el objetivo de “meter a la cárcel a los expresidentes”. Formalmente será la primera consulta popular organizada conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en su ley secundaria, la Ley Federal de Consulta Popular (LFCP).
Como sabemos, la primera LFCP se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 14 de marzo de 2014. Sin embargo, las últimas reformas se promulgaron apenas el 19 de mayo de pasado, y este es el marco legal con el que se llevará a cabo este ejercicio democrático el próximo 1 de agosto. Como se lee en el artículo 8 de la norma original, las consultas convocadas por el Congreso estaban previstas para celebrarse, “el mismo día de la jornada electoral federal”. Se trataba de sincronizar nuestro reloj con lo que sucede en las democracias consolidadas. Efectivamente, se aprovechan las elecciones regulares para incluir diversas consultas sobre una gran cantidad de asuntos de interés nacional. Pero en México, la oposición al gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), entabló un fuerte litigio público para que no fuera coincidente con la elección intermedia del pasado 6 de junio bajo el argumento de que la figura de AMLO inclinaría la balanza a favor de una respuesta positiva.
La reforma al artículo 8 estableció que las consultas deberán realizarse el primer domingo de agosto. Con ello, se obligó a que casi dos meses después de las elecciones se tenga que realizar la consulta. Esto cuestiona seriamente el argumento de la misma oposición en el sentido de que no debería realizarse por el costo económico tan elevado que representa (528 millones del presupuesto del INE). Insisto, se debe volver al artículo original y empatar elecciones y consultas.
Como lo establece la ley, están facultados para solicitar una consulta: el presidente de la República, el equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de alguna de las dos Cámaras o los ciudadanos en un número que equivalga al 2 por ciento de la Lista Nominal de Electores. AMLO ha dicho que él no está a favor de llevar a cabo la consulta, pero que es una decisión del pueblo. Ante la movilización de miles para recabar las firmas contra reloj y al lograr más de las rúbricas requeridas (se obtuvieron 2.7 millones), el presidente decidió someter la propuesta ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta instancia la declaró procedente pero modificó la pregunta original que quedó como sigue: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”. Desde luego que es una pregunta demasiado abierta, pero considero que ya se socializó el objetivo principal de la misma: llevar a juicio a los expresidentes de la República.
Hay quien cuestiona la consulta, no sólo por el costo económico, sino porque la consideran innecesaria. Dicen que sólo hay que aplicar la ley. Se olvidan lo que ha sido la historia de este país. Ningún cambio importante se ha logrado sin la participación ciudadana. Menos en un contexto de corrupción del sistema de impartición de justicia. Recordemos el caso de la Cervecera Constellation Brands en Baja California que solo a través de la movilización y la consulta realizada a regañadientes por la Secretaría de Gobernación, se logró que se cancelara una obra que dañaría el acuífero del Valle de Mexicali.
Considero que es muy alto el porcentaje de participación que se requiere para que el resultado sea vinculante ya que el artículo 64 de la LFCP establece un 40 por ciento de los ciudadanos de la LNE, es decir, aproximadamente 37.5 millones de participantes. Creo que será muy difícil alcanzar esa cifra, más porque la organización contempla 57 mil casillas y no las más de 162 mil que se instalaron el pasado 6 de junio. Aun así, el ejercicio es inédito y arrojará un aprendizaje cívico fundamental para la construcción de una democracia de calidad. No será, como quieren sus detractores, un ejercicio vano. Insisto, la única forma para cambiar muchas de las prácticas corruptas en el ejercicio de la ley en nuestro país es a través de la participación y presión ciudadana. La corrupción corroe al Poder Judicial; la consulta deberá permitir reformar las prácticas que impiden combatirla. Es una llave que puede abrir la puerta.
