Por Victor Alejandro Espinoza
Después de casi cuatro décadas por fin tuvimos noticias de una movilización universitaria en Baja California. Fue una marcha convocada por las autoridades encabezadas por el rector de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), Daniel Octavio Valdez, el pasado jueves 10 de octubre. El mismo rector la calificó como una “marcha institucional”.
En efecto, fue una marcha perfectamente organizada, convocada a través de medios impresos, redes y hasta en la Gaceta Universitaria. Se podían leer todas las recomendaciones: desde el tipo de zapatos “cómodos” a usar, hidratarse, tipo y colores de las camisetas, cómo organizar los contingentes, cómo comportarse, etc. Todo bien planeado.
Sobre la marcha hubo diferentes lecturas en las redes sociales. Yo me atreví a calificarla como una “marcha fifí” y a criticar a los universitarios por la evidente manipulación. Lo curioso es que recibí muchos comentarios privados de universitarios que dijeron estar de acuerdo con mis apreciaciones, pero que evidentemente tuvieron miedo de publicarlo. Temen a las represalias si eleven su voz. También por supuesto hubo quien no estuvo de acuerdo con mis calificativos; de eso se trata la deliberación pública. Y concedí que efectivamente también participaron universitarios que de manera crítica cuestionaron no solo los adeudos económicos del gobierno del estado hacia la universidad, sino las causas que llevaron a la actual condición de falta de recursos. Sin embargo, como también publiqué en redes sociales, considero que esas voces disidentes se perdieron entre la abrumadora mayoría de participantes que seguían al pie de la letra las instrucciones de las autoridades. Es posible que el calificativo de “marcha fifí” no coincida con las movilizaciones que la oposición de derecha ha convocado para protestar contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pero me interesó poner el énfasis en que se trató de una manifestación planeada e impulsada desde el poder universitario.
Considero que hoy existen las condiciones para pasar a otra etapa en el caso de la UABC. El problema de fondo es el diseño institucional del gobierno universitario. La Ley Orgánica no se ha reformado desde su creación en 1957. En ella se sostiene la estructura vertical de decisiones que excluye a la comunidad académica de la participación en los asuntos sustantivos de la vida universitaria y que nada tiene que ver con los cambios que ha venido registrando nuestro país en las últimas décadas. El absurdo es sin duda la existencia de una Junta de Gobierno compuesta por 11 personas, nombradas por quien en su momento controla esa instancia. El grave problema y que es un incentivo para formar un grupo hegemónico es que en dicha junta participan ex rectores o funcionarios de la misma universidad. Durante los último años un solo grupo ha controlado por ello la UABC, pues la Junta de Gobierno no solo designa a los rectores, sino a todos los cargos de decisión como directores de facultades y de institutos. Pero además, se han aliado con los gobernadores en turno para que bajo el pretexto de la autonomía controlen sin vigilancia externa los recursos universitarios.
Hoy, el nuevo gobierno de la entidad y sobre todo el Congreso, tienen la obligación de no repetir la historia. No deben ceder a la tentación de considerer que es la oportunidad para controlar la universidad en complicidad con las autoridades de la misma. Se debe revisar a fondo la obsoleta Ley Orgánica para incluir una nueva gobernanza. Permitir la participación de todos los sectores que conforman a la institución en los procesos de decisión, ponderando las responsabilidades de los mismos. Si se decide continuar con una Junta de Gobierno, deberá ser ampliada y de ninguna manera permitir la participación de ex rectores o funcionarios. Asimismo, se deberá redimensionar al Consejo Universitario y acabar con las prácticas de designación por dedazo. En fin, la UABC deberá combatir la corrupción, el nepotismo y hacer realidad la autonomía. Quedan temas en el tintero que deberemos seguir abordando.
