EPÍLOGO. UNA REFORMA NECESARIA
Un asunto toral que deberá abordar la reforma político electoral en camino tendrá que ser la designación de los consejeros electorales. El proceso mediante el cual han sido nombrados los miembros del consejo general del entonces Instituto Federal Electoral (IFE) y desde 2014, del Instituto Nacional Electoral (INE), tiene que ser revisado. Desde luego que los procesos han sido legales, pero en muchos casos han cuestionado su legitimidad.
Como sabemos, los consejeros(as) son designados por la Cámara de Diputados, y más concretamente por las diferentes fracciones que integran dicha Cámara. Así, en los hechos, los partidos políticos se reservan el derecho de nombrarlos a partir de un procedimiento que incluye méritos y conocimientos en la materia, pero que al final se resuelve por cuotas partidistas. Quien tiene mayoría de diputados, obviamente tiene más peso e influencia en la designación de consejeros. Así ha sido y mientras el método no cambie, los partidos se repartirán los 11 asientos del consejo general en virtud de su peso en el Congreso.
Pero no siempre todos los partidos políticos logran influir en la designación de los consejeros o incluso en las reformas electorales. Fue el caso de 2003 y la designación del consejo, y en particular del consejero presidente Luis Carlos Ugalde. Sin duda, el nombramiento de Ugalde tuvo graves consecuencias para la legitimidad del consejo general del IFE y se vio reflejado en el proceso electoral 2005-2006. En esa ocasión, la falta de acuerdos entre los partidos llevó a que la propuesta del PRD de ratificar al consejero Jesús Cantú Escalante no procediera y con ello el partido se sintiera desplazado y no aceptara la nueva integración del consejo. Finalmente, el PRI y el PAN se repartieron las posiciones y fue la priista Elba Esther Gordillo quien propuso a Ugalde como consejero presidente.
En las entidades, los consejos electorales eran designados a imagen y semejanza. Los partidos nombraban a los consejeros por cuotas. Recuerdo que en el mes de enero de 2010, se debía renovar el consejo general del entonces Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Baja California. El PAN tenía mayoría en el Congreso y negociaba con el PRI algunas posiciones. Finalmente, en la madrugada el secretario general de gobierno, Francisco Blake Mora, por órdenes del gobernador, José Guadalupe Osuna Millán, dio un golpe en la mesa y dijo: “Nos quedamos con todo el consejo” y solo se ratificó a un consejero designado con anterioridad por el PRI, partido que ni siquiera lo apoyaba. Para el PRD fue un suplente.
Con la reforma electoral de 2014 se buscó resolver el problema de las cuotas y de la parcialidad de los consejos locales. A partir de ese momento, los consejeros de los institutos locales fueron designados por el consejo general del INE. Es un avance, pero no se ha resuelto el problema, pues en ocasiones a nivel central no tienen toda la información de las trayectorias políticas y éticas de los designados. Ha sido una solución temporal que deberá resolverse cuando se decida el futuro de los Organismos Públicos Locales.
Si continúa el método tradicional de designación de consejeros por parte de la Cámara de Diputados, será inevitable que continuarán asumiendo el cargo con el estigma de que actuarán a las órdenes de los partidos políticos. Insisto, así está en la ley actual, pero genera cuestionamientos serios de legitimidad por dicho método que los partidos avalan. Una vía para solucionar este problema es utilizar, emulando lo que propone David Van Reybrouck en su libro “Contra las elecciones. Cómo salvar la democracia” (Taurus, 2017) para el caso de los parlamentos: los sorteos para llevar a cabo la designación. Es decir, se publica la convocatoria con los requisitos necesarios para realizar las funciones. Acto seguido, el Congreso lleva a cabo la depuración de expedientes y los exámenes de conocimientos requeridos. Y se hace una lista con todos aquellos mejor calificados. Se pueden establecer cuotas poniendo en las ánforas la clasificación que se quiera de género e incluso edades o personas derivadas de acciones afirmativas. Al final, de ese gran listado, surgirán los nuevos consejeros sin obedecer a cuotas partidistas.
El método de sorteo puede no convencer a muchos, pero creo que es una buena vía para legitimar al consejo general, quitándole la presión ante el argumento de que los consejeros electorales obedecen al mandato de los partidos políticos. Creo que se debe buscar resolver ese problema que han padecido todos los consejos y que generan una crítica, sin razón, a toda la institución electoral. Ya veremos si esta propuesta tiene eco.
