COMPLEJIDAD DEMOCRÁTICA
A la memoria de Ezequiel Orozco Carrillo
El proceso electoral que culmina el próximo 6 de junio resulta sumamente complejo: para la organización electoral, para los actores políticos y para los ciudadanos. Como sabemos, por primera ocasión en la historia habrá elecciones concurrentes en las 32 entidades del país.
Se encuentran en disputa 20 mil 415 cargos:
500 diputaciones federales;
15 gubernaturas;
1 mil 923 ayuntamientos y alcaldías;
1 mil 063 diputaciones locales (642 de Mayoría Relativa –MR- y 421 de Representación Proporcional –RP-)
y 16 mil 914 otros cargos (sindicaturas, regidurías, juntas municipales y presidencias de comunidad).
En la mayoría de las elecciones locales se incluyen acciones afirmativas en las candidaturas. A nivel federal, en la disputa por la Cámara de Diputados, se definió que cada partido político o coalición tendrían que incluir a diferentes grupos de personas:
30 candidaturas de personas indígenas (21 de MR y 9 de RP);
8 de personas con discapacidad (6 de MR y 2 de RP);
4 de personas afroamericanas (3 de MR y 1 de RP)
y 3 de personas de la diversidad sexual (2 de MR y 1 de RP).
Sobre este tema, habrá que afinar la normatividad pues hubo registros de candidaturas en las que los partidos lograron impulsar a personajes que no procedían de las comunidades en las que debieron recaer las postulaciones, sobre todo en el caso de personas indígenas o afroamericanas.
Para poder organizar unas elecciones de tal magnitud se deben instalar 162 mil 248 casillas y contratar a un total de 41 mil 088 capacitadores asistentes y 6 mil 994 supervisores electorales, quienes han tenido que visitar a un total de 13 millones 329 mil 238 ciudadanos seleccionados aleatoriamente y capacitar al millón 458 mil 540 ciudadanos quienes serán los funcionarios de casilla que deberán atender los trabajos de las casillas únicas que deberán instalarse el 6 de junio.
Para los partidos políticos hay retos importantes más allá del proceso electoral.
El presente ha sido la prueba para muchas de las candidaturas y seguramente pasará factura, sobre todo para aquellos que postularon a gente del espectáculo o de los deportes, pero con nula trayectoria o conocimientos en materia política. Demostraron que solo les interesaba ganar, más allá de principios o de un proyecto de Nación.
Esto ha sido mal visto por un sector muy importante de la ciudadanía.
Ya evaluaremos los costos en términos de votos, posterior a la jornada electoral.
Para los partidos de nueva creación:
Redes Sociales Progresistas, Fuerza por México o Partido Encuentro Solidario, la imposibilidad de presentarse en alianza implica el difícil reto de obtener al menos el 3% de la votación válida emitida para conservar su registro.
En algunas entidades, las encuestas reflejan que pudieran estar muy lejos de esa meta.
Además, tanto a nivel nacional como local los partidos decidieron hacer alianzas parciales, lo que hace más complejo el voto para los ciudadanos.
En el primer caso las alianzas Juntos Haremos Historia (MORENA/PT/PVEM) y Va por México (PRI/PAN/PRD) suscribieron alianzas parciales: en 151 y 219 distritos, respectivamente. Y se da el caso de que a nivel local esos partidos políticos no van coaligados. Muy complicado de entender para emitir correctamente el voto, con lo cual los partidos perderán sufragios por la vía de la emisión de votos nulos.
La Lista Nominal –LN- de electores nos informa del universo de votantes potenciales en nuestro país:
93 millones 528 mil 473. LN que creció en 4.9% respecto a los comicios de 2018.
Para todos existe el enorme reto de que los ciudadanos acudan a las urnas el 6 de junio.
Recordemos que el promedio de participación en las anteriores elecciones intermedias (2015) fue de 47.72% y en las presidenciales de 2018 de 63.43%.
En entidades como Baja California, el abstencionismo se ha enraizado en la cultura política local.
En los comicios para gobernador de 2019, la participación llegó apenas a un 29.9%.
Hoy, al reto de motivar a los ciudadanos a acudir a las urnas se suma la pandemia y sus terribles consecuencias. La democracia procedimental cada vez se torna más compleja.
Eso obliga a que tanto los órganos electorales, los partidos políticos y los medios de comunicación informen con mayor profesionalismo y sentido ético.
Si ello no ocurre, los ciudadanos continuarán asociando la palabra Política con una mala palabra y continuarán alejándose de las urnas. Enormes retos ante la complejidad democrática.
