Por Víctor Alejandro Espinoza
Las universidades públicas en nuestro país han sido un espacio codiciado por los gobernadores. La tentación por incidir y determinar el rumbo de las instituciones ha sido permanente. Los rectores han aprovechado esta situación para tejer alianzas con los ejecutivos y aprovecharse de las mismas para perpetuarse en el poder universitario más allá de su periodo formal en el cargo.
Para manejar a su antojo los destinos universitarios se ha apelado a la “autonomía”, entendida como la capacidad del grupo en el poder para evitar rendir cuentas acerca de los recursos económicos y neutralizar cualquier crítica acerca de cómo se conduce el gobierno universitario. Han sido negocios muy redituables cuya rendición de cuentas brilla por su ausencia.
En Baja California no fue la excepción a esa relación co-dependiente desde su nacimiento. Lo que ha pasado desde su fundación el 28 de febrero de 1957 es que los rectores en la mayoría de las ocasiones han sido designados por el gobernador a través de la Junta de Gobierno. No es de ninguna manera algo novedoso lo que estoy diciendo. Además, he podido comprobarlo en voz de sus protagonistas. Esta situación le ha restado margen de maniobra al gobierno universitario pues los gobernadores llegan a ejercer presión si algo no les parece a través de los presupuestos. Obviamente esta dependencia del gobierno local se ha traducido en una gran infraestructura pero niveles académicos en ocasiones muy cuestionables.
Desde 1957 hasta 1989 la afiliación y subordinación de los rectores fue con los gobernadores priistas. El caso más evidente fue el del arquitecto Rubén Castro Bojórquez (1979-1983) al gobernador Roberto Bob de la Madrid Romandía, cuando decidieron acabar con cualquier vestigio crítico violando las leyes federales que permitían la existencia de sindicatos democráticos universitarios.
A partir de 1989, con la llegada del PAN al poder, Ernesto Ruffo Appel planteó la posibilidad de auditar a la UABC y provocó la reacción de la burocracia universitaria. Eso llevó a un distanciamiento con el gobernador. Sin embargo, eso se subsanó a partir de 1995 con los gobernadores Héctor Terán Terán-Alejandro González Alcocer, y Eugenio Elorduy Walther. Sin embargo, la verdadera luna de miel se dio bajo el gobierno de José Guadalupe Osuna Millán. Varios de los exfuncionarios universitarios se incorporaron al gabinete del gobernador. Se inauguró la costumbre de que el Ejecutivo inauguraba el año escolar. Todos eran cimarrones y del mismo grupo politico (económico). La buena relación siguió con Francisco Kiko Vega. Al grado que incluso en medio de la crisis financiera por el adeudo del gobierno del estado a la Universidad, el rector, Daniel Octavio Valdez Delgadillo, se opuso a que los estudiantes organizaran una manifestación para exigir los recursos.
Lo paradójico es que a días de que termine el gobierno de Kiko Vega, las autoridades han llamado ahora sí a una manifestación (Marcha del Orgullo Cimarrón, la llaman) que culminará en el centro de gobierno este 10 de octubre. Se trata de llevar a contingentes perfectamente organizados, con mantas muy bonitas, camisetas, banderines, consignas aprendidas; en fin algo muy cool, a la vieja usanza corporativa. Ahora buscan la interlocución con el nuevo gobierno de MORENA que se instala el 1 de noviembre. Jaime Bonilla Valdez ha propuesto que el Congreso nombre un auditor. Por lo pronto, se evitó que el rector y el patronato universitario vendieran parte de las instalaciones de la UABC bajo el pretexto de la falta de recursos. Pero en el tintero queda la propuesta del Congreso de cancelar las pensiones vitalicias a los ex rectores.
A reserva de tratarlo en otra entrega, se debe de revisar a fondo la obsoleta Ley Orgánica de la UABC que data desde la fundación en 1957. El diseño institucional debe cambiar para adecuarlo a los nuevos tiempos. No es posible que una Junta de Gobierno de 11 miembros y un patronato controlen la vida universitaria como si fuera propiedad privada. Pero al parecer, soplan vientos de cambio.
