Contra la pared se encuentra el naciente gobierno de Jaime Bonilla Valdez, derivado de la opinión que le hizo este martes 3 de diciembre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que la “LEY BONILLA” es INCONSTITUCIONAL, eliminando con ello cualquier posibilidad de que Bonilla Valdez, permanezca en el cargo cinco años como lo ha intentado hacer desde el momento en que fue declarado vencedor de la jornada electoral del domingo dos de junio de este año y en cuya contienda los bajacalifornianos votamos por un gobierno de dos años, independientemente de quien de los candidatos a la gubernatura resultara ganador.
No conforme con terminar con treinta años de hegemonía de gobiernos emanados del Partido Acción Nacional en Baja California, arrogante y prepotente Bonilla Valdez, recurrió a cuanta artimaña legal le fue posible, de mil maneras buscó gobernar cinco años y no dos años como lo establece la convocatoria que lanzó en tiempo y forma el Instituto Estatal Electoral de Baja California, ya que el proceso electoral comenzó el 9 de septiembre de 2018 y concluyó el 7 de octubre de 2019.
Jaime Bonilla Valdez, como Gobernador electo de Baja California, movió sus resortes a tal grado que orilló a los salientes integrantes de la XXII Legislatura local en su mayoría panistas, en voz del morenista Víctor Morán, se sacaran de la manga una contrarreforma al artículo 8vo Transitorito de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, que ampliaba de dos a cinco años el mandato, contrarreforma que se aprobó el 8 de julio de este año en curso, Decreto 351 que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el 17 de octubre, mientras que Francisco Arturo Vega de Lamadrid, gobernador saliente el 23 de del mismo mes interpuso una Controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de la mal llamada “Ley Bonilla”, recurso que recayó en manos del Ministro José Fernando Franco.
El togado en busca de allegarse de más elementos que le permitan elaborar un proyecto de dictamen en torno a si procede o no la Controversia Constitucional que interpuso Vega de Lamadrid, así como la acción de Inconstitucionalidad que interpusieron ante el máximo tribunal de justicia en México, los dirigentes de los partidos políticos PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano en contra de la tan referida Ley, le solicitó al TEPJUF que emitiera una opinión al respecto, opinión que dejó en claro que la ampliación del mandato de Jaime Bonilla Valdez, es INCONSTITUCIONAL.
Con la opinión que emitió el máximo tribunal electoral en México, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que preside el Ministro Arturo Zaldivar Lelo de Larrea, no le queda otra alternativa, más que darle la estocada final a la Ley Bonilla, y con ello obligar a Jaime Bonilla Valdez, que se deje de arrogancias y prepotencias y gobierne los dos años para los cuales fue electo el domingo dos de junio del año en curso.
De emitir un fallo a favor de la Ley Bonilla, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quedará una incómoda posición ante la opinión pública, a sabiendas de que la opinión que emitió el TEJPF, establece claramente que la citada Ley, es INCOSNTITUCIONAL, en varias vertientes entre ellas expuso que esa reforma vulneró el PRINCIPIO DE CERTEZA garantizado en los artículos 105 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que debe prevalecer en los procesos electorales, y que consiste en la prohibición de realizar modificaciones sustanciales a las leyes electorales 90 días previos al inicio de la etapa de preparación de las elecciones.
Para rematar y sin nada que cuestionar en su opinión el TEPJF, le dice al Ministro José Fernando Franco que respecto al principio de no REELECCIÓN se determinó que “no es válido que se prorrogue el mandato de cinco años que fue conferido al Gobernador por la voluntad de los electores para un tiempo determinado de dos años, pues el texto transitorio impugnado de la Constitución local necesariamente debe ceñirse a las disposiciones y principios de la Norma Suprema”, es decir ninguna Constitución local, está por encima de nuestra Carta Magna (CPEUM).
A su paso como el ave de las tempestades, la “Ley Bonilla”, dejó a varios damnificados y huérfanos del poder político, sobre todo del Partido Acción Nacional, pues los panistas que formaron parte de la XXII Legislatura local, fueron escarnio de las severas críticas y juicios de los diversos sectores de la sociedad bajacaliforniana, a la vez que en juicios sumarios fueron expulsados del organismo político del cual bajo su sombra tuvieron casa, vestido, sustento y una vida cual no hay.
El autor de esta columna es Licenciado en Derecho, egresado de la Universidad de Tijuana CUT, Campus Altamira, ejerce el periodismo desde hace 35 años y es director del portal de internet www.ensaladadeportivabaja.net
