Tijuana, 26 de mayo de 2023.- El síndico procurador del XXIV Ayuntamiento de Tijuana, Rafael Leyva Pérez, se reunió con miembros destacados del Colegio de Abogados Constitucionalistas de Tijuana con el objetivo de establecer una comunicación fluida y obtener retroalimentación de expertos en materia legal y constitucional.
Durante la reunión, Leyva Pérez compartió información relevante sobre las actividades y avances realizados por la Sindicatura en diversas áreas. Uno de los temas destacados fue la implementación de adecuaciones normativas que fortalecen los lineamientos éticos a los que deben sujetarse los servidores públicos municipales, a través del Nuevo Código de Ética.
Asimismo, se presentaron los avances en la aplicación de sanciones a servidores públicos, resaltando que, desde el 1 de octubre de 2021 hasta el 19 de mayo del presente año, se han emitido un total de 195 sanciones. Además, se encuentran en curso 2,222 investigaciones, de las cuales 623 corresponden a policías y 1,599 a funcionarios de diversas dependencias.
El síndico procurador enfatizó la importancia de fomentar una cultura de denuncia y participación ciudadana, por lo que la Sindicatura ha puesto énfasis en informar a la población sobre las acciones y funciones que realiza, así como en promover programas de vinculación, como el programa de Comisarios Sociales Honorarios.
Como parte de su compromiso en la lucha contra la corrupción y en la búsqueda de restaurar la confianza ciudadana en las instituciones gubernamentales, Leyva Pérez reiteró la invitación al Colegio de Abogados Constitucionalistas, presidido por el Lic. Humberto Rodríguez Romero, para que se sumen a los esfuerzos de la Sindicatura Procuradora.
La reunión entre el síndico procurador y el Colegio de Abogados Constitucionalistas representa un importante paso hacia adelante en la búsqueda de la transparencia, la rendición de cuentas y la colaboración entre la institución municipal y expertos en el campo legal y constitucional. Esta interacción promete fortalecer los mecanismos de control y combate a la corrupción, así como impulsar una mayor participación ciudadana en la denuncia de irregularidades.
