Tijuana. – En un operativo conjunto, los tres niveles de gobierno llevaron a cabo esta tarde la clausura de la funeraria San Gabriel, ubicada en la colonia Álamos, la cual presta servicios de cremación y velación, informó el delegado federal único en Baja California Alejandro Ruiz Uribe.
Tanto la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), Secretaría de Salud, Cofepris, Protección Civil y la Dirección de Inspección y Verificación del Ayuntamiento de Tijuana, encontraron una serie de irregularidades en esta funeraria.
Por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor, se detectaron precios que van desde los 25 mil a 35 mil pesos, así como varios documentos que no pudieron registrar ante la dependencia federal.
Esta funeraria, tampoco contaba con el Programa Interno de Protección Civil que salvaguarde la seguridad de los deudos que requieren este servicio, nula capacitación en uso de extinguidores y protocolo de evacuación por mencionar algunos.
Alejandro Ruiz Uribe, Delegado Federal Único en Baja California, señaló que mañana se acudirá al crematorio de esta funeraria, para seguir con las inspecciones por los gobiernos del orden federal, estatal y municipal y así se proseguirá con todas las funerarias en la entidad.
“Hemos recibido denuncias de muchas familias que les han elevado los precios hasta más de 50 mil pesos, asustándolos que, por motivo de la pandemia, se les tienen que incrementar los precios, medrando así con el dolor de los familiares que tienen la urgencia de cremar los cuerpos Covid-19”, dijo Alejandro Ruiz Uribe.
Señaló que este inicio de la inspección y verificación de esta funeraria, sirva de ejemplo para los demás establecimientos “para que entren en razón, porque es indignante, que, pese a la situación económica y la tragedia de cientos de familias, ante la pandemia del coronavirus, actúen de manera lucrativa”.
