He sostenido en diferentes espacios que el sufragio extraterritorial de los mexicanos es uno de los fenómenos políticos de mayor crecimiento en los últimos años. Como sabemos, en 1996 se reformó la Constitución federal permitiendo votar fuera del distrito de residencia. Posteriormente, el 30 de junio de 2005, se aprobó la normatividad secundaria que reglamentó dicho derecho. Los paisanos pudieron votar por primera ocasión en la elección presidencial de 2006. Desde entonces se han multiplicado las experiencias del voto a distancia.
Efectivamente, a la fecha se reportan 26 elecciones en las que los mexicanos de fuera han participado mediante el envío de su voto. Tres elecciones presidenciales, 1 de senadores, 2 de diputados locales (Chiapas y Jalisco) y 20 comicios de gobernador en 15 entidades. Insisto, si la primera elección fue en 2006, en 14 años se multiplicaron las experiencias.
En la actualidad, 22 entidades han aprobado el voto de sus paisanos para elegir a sus gobernadores. Para el próximo año, en el que se elegirán a 15 gobernadores en el país, en 9 de esas entidades se votará desde el extranjero; en cinco de ellas lo harán por primera vez: Chihuahua, Guerrero, Nayarit, Querétaro y San Luis Potosí. Baja California Sur y Zacatecas -ambas lo harán por segunda ocasión-. Colima -por tercera-, Michoacán -cuarta ocasión-. Durango y Tamaulipas votarán en 2022 por primera vez. En todas se utilizará además el voto por Internet.
El pasado 9 de noviembre pasado, el diputado Luis Moreno Hernández presentó a la XXIII Legislatura la iniciativa de ley para otorgar el voto de los bajacalifornianos en el extranjero en las elecciones para gobernador. Se trata de reformas y adiciones a la Constitución y a la ley electoral locales, dicha iniciativa reproduce la normatividad federal en la materia. Las modalidades serían el voto postal, entrega de boletas en embajadas y consulados mexicanos y, en su caso, por vía electrónica. Al igual que los casos exitosos (Ciudad de México, Jalisco, Michoacán y Guanajuato), la iniciativa contempla la posibilidad de crear una Unidad Técnica en el Instituto Estatal Electoral de Baja California, instancia encargada, entre otras actividades, de promover y facilitar tanto la credencialización en el exterior, la capacitación a los paisanos para registrarse en la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero (LNERE) y la promoción del voto.
Si tomamos en cuenta que el proceso electoral en Baja California inicia el 1 de diciembre, los legisladores tendrían como límite para aprobar la ley el 31 de agosto. Se encuentran contra reloj, pero todavía habría tiempo para que además los ayuntamientos la aprobaran y que Baja California se convirtiera en la entidad número 23 en garantizar el voto a distancia a sus ciudadanos. Sería el estado número 10 en elegir gobernador a distancia en 2021. Considero que existen un par de datos a tomar en cuenta a la hora de aprobar la iniciativa. Como sabemos, los bajacalifornianos de fuera han votado en tres ocasiones para elegir a presidente de la República. En promedio, Baja California se encuentra en el octavo lugar a nivel nacional en relación con el número de inscritos en la Lista Nominal (LNERE) y respecto al número de votos enviados. Debajo de BC se encuentran 24 entidades. Otro dato a destacar es que en las tres ocasiones el promedio de participación fue más alto que el nacional. 84.51% en 2006, 73.08% en 2012 y 57.46% en 2018. Mientras que el promedio nacional fue: 81.05%, 68.87% y 54.32%, respectivamente.
Una de las ventajas que tendría el órgano electoral para dirigirse con los bajacalifornianos de fuera es que la inmensa mayoría de ellos reside en el vecino estado de California. Es excepcional respecto a otras entidades. Se trata de una fuerte concentración que permitiría contactar con ellos y motivarlos a participar. Esperamos que la XXIII Legislatura saque adelante la iniciativa y pronto la entidad se convierta en la número 23 que decide extender a sus ciudadanos de fuera uno de los derechos políticos por excelencia: el voto activo; faltaría en el futuro que obtengan el sufragio pasivo; es decir, ser candidatos para cargos públicos en la entidad, por ejemplo, a través de una diputación migrante. Lo veremos.
