Será muy difícil para Baja California dejar atrás la crisis económica, social y laboral que se aproxima si quienes llevan las riendas políticas siguen enfocándose hacia los problemas de las misma manera que lo han hecho hasta el momento. La aprobación de nuevos impuestos a combustibles y plataformas digitales el pasado viernes por la mayoría de los diputados en el Congreso local fue un gesto claro en sus prioridades: primero el presupuesto público antes que el interés de los ciudadanos.
El déficit presupuestal que dejó la administración de Francisco Vega de Lamadrid no puede ser ya una excusa para el impuesto meramente recaudatorio ni el endeudamiento. A pesar de la opacidad en las cuentas públicas de la pasada administración, fue posible atisbar la severidad del quebrantamiento de las finanzas del estado; quienes se postularon en la campaña de 2019 a gobernarnos estaban plenamente conscientes de ello, y sin embargo, nunca hablaron de aumentar impuestos cómo solución a la falta de recursos. Por ello, lo hecho por los diputados el pasado viernes fue recibido cómo una traición a la ciudadanía, quienes están pagando el precio de una pandemia sanitaria que no provocaron, política públicas que no decidieron y una precariedad laboral agravada cada vez más.
La reforma aprobada por 15 votos a favor contra 6, y 2 abstenciones, llevada al pleno por el gobernador Jaime Bonilla, es un pésimo mensaje a la gente. Es un símbolo de una administración que niega sus problemas, equiparable a un paciente gravemente enfermo que quiere recuperar la salud, pero se resiste a dejar aquellos vicios que lo condujeron a su estado de postración.
El primer acto de irresponsabilidad por parte de quienes votaron esa ley es el momento elegido para hacerlo: en medio de una crisis económica y de salud que tiene en vilo a la gran mayoría de los trabajadores y comercios. Dicen que en política la forma es fondo, y en está ocasión las formas nos revelan una administración incapaz de practicar lo que tanto pregonó: austeridad. Los argumentos esgrimidos para justificar la iniciativa son meramente recaudatorios; no hay justificación social ni de salud. El fondo de lo aprobado por el legislativo nos habla de una incapacidad para hacer lo mejor con lo que se tiene, y de paso, de un tacto político paquidérmico. La actitud de algunos impulsores del aumento impositivo y de otros sectores del gobierno estatal, puede explicarse por una demagogia al estilo clásico del régimen priista y una visión cortoplacista y populista, alejada de la racionalidad de los tiempos que vivimos.
Resulta en contra sentido que los legisladores voten una iniciativa que, en teoría, se justifica bajo la bandera medioambiental, al tiempo que las expectativas de la población sobre sus gobernantes son el actuar con responsabilidad para afrontar la enorme crisis que se nos viene.
También es una irresponsabilidad gravar impuestos en un ámbito tan cuestionado cómo el mercado de los combustibles. De acuerdo al dictamen aprobado, se cobrarán 17 centavos por el factor de emisión de Co2. En el caso de la gasolina es de 2.196, a eso se le debe multiplicar por .17 y el impuesto causado es de .37333 centavos por litro; en el caso del diésel da cómo resultado .42 centavos por litro.
En particular, me preocupa el aumento a la tasa impositiva al gas LP. En Baja California existe un duopolio en dicho mercado, dominado por corporativos que no se han caracterizado precisamente por su respeto a la ley y al bolsillo de los consumidores. Sin mecanismos reales y prácticos que protejan los intereses de los ciudadanos, el aumento que por ley debería ser absorbido por los distribuidores será, lamentablemente, trasladado a los ciudadanos. Con el precio más alto del país de dicho combustible, ahora pagaremos más. Las familias, los restaurantes que sobrevivan a la crisis y las industrias que lo utilizan en sus procesos, tendrán que afrontar el negro escenario con un impuesto más encima.
La intención inicial de los diputados locales era gravar también el reparto de comida por medio de plataformas digitales, aunque de última hora, no sin presión social, decidieron echarse para atrás. Sin embargo, haremos bien en no olvidar su intención primaria de un golpe mayor.
Resulta irónico que tras largos años de oposición a las administraciones panistas, quienes llegaron a dominar la cara dura y cinismo ante los ciudadanos, ahora los imitan en las formas torpes para pasar iniciativas que se saben impopulares. Esperemos que luego de un episodio más de irresponsabilidad parlamentaria, la mayoría legislativa recapitule en su pensamiento mágico y deje de dar la espalda a su propia realidad: se están convirtiendo en aquello que juraron destruir.
