La semana pasada trascendió que en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados se haba publicado una iniciativa presentada por el diputado de Morena, Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca, mediante la cual se buscaban reformas a la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Las reacciones no se hicieron esperar, y un día después, el 19 de febrero, el rector, Enrique Graue Wiechers, difundió un comunicado rechazando tajantemente la posibilidad de que la iniciativa prosperara.
El rector, entre otras cosas, estableció: “Deseo hacer del conocimiento de todas y todos ustedes mi rechazo absoluto a este intento de intromisión en la vida universitaria, en donde a espaldas de las y los universitarios se pretende incidir en la normatividad que nos rige y que nos hemos autoimpuesto a lo largo de muchos años. Esta iniciativa se suma a otras que han sido presentadas ante las legislaturas estatales por representantes de distintos partidos políticos, en lo que parece constituir una escalada contra la autonomía de nuestras casas de estudio, principio básico e irrenunciable que fue ratificado hace apenas unos meses por el pleno de la H. Cámara de Diputados, al aprobar que se preservara en forma íntegra la fracción VII del artículo Tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
En términos generales y al margen de la historia de las “autonomías universitarias” no podemos estar en desacuerdo con el posicionamiento del rector de la UNAM. Por un lado, la principal universidad de México (y de América Latina), ha sabido reivindicar en los hechos y practicar su autonomía. Desde el 22 de mayo de 1929 cuando bajo el gobierno de Emilio Portes Gil la UNAM obtuvo su autonomía, ha vivido momentos definitorios para seguir preservando su independencia política y administrativa. Sin duda uno de los momentos cumbre se dio bajo el rectorado de Javier Barros Sierra. Durante el movimiento del 68, el 30 de julio de aquel año, izó la bandera nacional a media asta en la explanada de Rectoría en señal de protesta y de denuncia por los actos violentos contra los estudiantes. El 1 de agosto, encabezó una marcha de protesta a lo largo de la Avenida Insurgentes. Su actuar es recordado por todos como uno de los momentos más dignos de la vida universitaria.
Como señala el rector Graue, la autonomía universitaria se encuentra regulada en la fracción VII del artículo 3º. Constitucional, que a la letra dice: “Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas”. Insisto, hay universidades que han sabido honrar el precepto constitucional y el espíritu de la ley. La UNAM por ejemplo, ha sabido mantener a su máximo órgano directivo al margen de los vaivenes políticos. Por principio de cuentas solo pueden ser parte de la Junta de Gobierno (15 integrantes) distinguidos universitarios sin cargo alguno dentro de la universidad; a este órgano no pueden pertenecer exrectores.
Pero fuera del centro, las cosas no son tan idílicas. Es el reino de los gobernadores y de los grupos ligados a los cacicazgos. Bajo el amparo de la autonomía, las universidades, en muchos casos, son feudos de exrectores protegidos por los gobiernos locales. Se trata de jugosos negocios que han desvirtuado el espíritu de la autonomía universitaria. En esos feudos no hay forma de que cambien las cosas. Ni siquiera estamos hablando de abrir con amplitud los canales de participación de la comunidad universitaria, me refiero al menos a cambiar las reglas de integración de las juntas de gobierno para romper con el poder de los exrectores, verdaderos beneficiarios de la “autonomía’. ¿Esperar a que desde dentro haya algún día un cambio? Imposible. En estas universidades la única opción es que los congresos locales revisen y modifiquen la Ley Orgánica, buscando el apoyo de los universitarios para lograrlo. Desde luego que quienes sientan sus intereses peligrar se arroparán en la bandera de la autonomía. Sin embargo, las universidades son entidades del Estado mexicano y no pueden seguir siendo negocios de unos cuantos. No hay de otra, los congresos tienen la palabra.
