México es uno de los países de América Latina que peor ejercen y distribuyen sus recursos públicos, según un análisis del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Al organizar los países de la región en función de su mal gasto público, el organismo multilateral ubica a México en el sexto puesto, con un monto equivalente a 4.7% del PIB, que está por arriba de la media de la región que es equivalente a 4.4% del PIB del conjunto de países.
Al interior del documento, titulado Mejor gasto para mejores vidas. Cómo América Latina y el Caribe pueden hacer más con menos, ubican a Argentina como el líder regional en mal gasto público, equivalente a 7.2% de su PIB, seguido por El Salvador, a quien estiman un despilfarro de 6.5% del producto y Bolivia con 6.3% del PIB en el gasto mal ejercido y mal distribuido.
En contraste, los países de la región menos deficientes en el ejercicio de su gasto son Chile, con el equivalente a 1.8% del producto que no gastan bien, y Perú, cuyo dispendio de los recursos públicos es equiparable a 2.5% del PIB.
La información del documento hace un corte hasta el 2017, que es hasta donde tienen la información completa de todos los países, lo que facilita hacerlos comparables.
En el documento, retomado por el Foro Económico Mundial (WEF, por su sigla en inglés), plantean que, comúnmente, cuando hay restricciones presupuestales en los países de la región, se suele recortar el gasto en inversión, lo que por años ha limitado la capacidad de crecimiento de los países.
Los investigadores-editores del documento, Alejandro Izquierdo, Carola Pessino y Guillermo Vuletin, plantean que la realidad de la región demuestra que, en tiempos de estrechez presupuestal, es mucho más importante asignar mejor el gasto público.
De acuerdo con lo descrito en el documento, son cuatro las fuentes más importantes de ineficiencia en la ejecución del gasto en América Latina y el Caribe: compras públicas; transferencias monetarias a los ciudadanos; salarios públicos, y corrupción.
Sacrificaron inversión, educación y seguridad
En el documento retomado por el WEF, plantean que los gobiernos de la región de las últimas tres décadas prefirieron privilegiar el gasto corriente, es decir, el que corresponde a sueldos y salarios, e incluso gasto social, sobre la inversión pública. Y evidenciaron que la inversión pública es un motor de crecimiento y desarrollo del país y de los ciudadanos.
Detallan que los sectores que también han sufrido en la región a causa de este gasto público ineficiente son infraestructura, educación, servicios de salud y seguridad, lo que probablemente explica la limitada conexión territorial, los malos resultados de competencias educativas, la estancada esperanza de vida y la rampante criminalidad.
Destacan que en un entorno de desconfianza respecto de las autoridades, los gobiernos suelen privilegiar el gasto corriente, donde los ciudadanos prefieren las transferencias sobre las inversiones de largo plazo.
Esta conclusión resultó de una encuesta, incluida en el documento, aplicada por el BID entre 5,000 personas, donde destacan que los ciudadanos que desconfían de sus instituciones públicas prefieren transferencias directas en vez de inversiones de largo plazo, lo que aseguran los investigadores “produce un círculo vicioso que los gobiernos deben romper, a partir de gastar de forma eficiente y verificable en lo que para los ciudadanos es prioritario”.
