CHIHUAHUA, EL INFIERNO AZUL O INMUNIZACIÓN CON TIZA Y PIZARRÓN
Al dar inicio la jornada de vacunación al amplio grupo magisterial en Baja California, los docentes están a la espera de una información más precisa que despeje las dudas respecto a esta actividad implementada por el Gobierno Federal, a través del Sector Salud.
Durante este lunes la información ha sido recibida, por parte de mis homólogos docentes, de forma reacia e incrédula, ya que el comunicado difundido, a través de algunos medios digitales desde el domingo pasado, ha tomado desprevenidos a casi todos los maestros bajacalifornianos.
Quizá la información oficial debió llegar primero a los maestros, mismos que serán inmunizados en estos días de la semana en curso, para despejar las dudas, incluso las interrogantes de los maestros que laboran en instituciones privadas.
En la primera oportunidad e intervención que he tenido para despejar algunas preguntas he insistido en que todos los docentes, de escuelas públicas o privadas, de todos los niveles educativos deberán presentarse al centro de vacunación más cercano a su domicilio para recibir la dosis única que será inoculada en contra del COVID-19.
Lo único que se le pide, según la información difundida, es que cumplan con todos los requisitos exigidos: credencial vigente de su centro de trabajo, en caso de no contar con ello, el último talón de pago, CURP y una identificación oficial y llenar el formato anexo enviado por sus directivos.
Quizás falten muy pocos días para que la tiza y el pizarrón cobren vida, el timbre del inicio de la jornada escolar vuelva a ser escuchado y las evidencias puedan ser revisadas de forma presencial aunque quizá el rumbo de la educación lleve el sello de las ventajas digitales como complemento al proceso formativo.
Pero a pesar del esfuerzo de las instancias gubernamentales para llevar a cabo la jornada de vacunación existen casos de docentes que han manifestado su voluntad para no ser vacunados. Por supuesto que se respeta esta decisión personal, sin embargo, se debe ponderar la opinión de los profesionales de la salud para recibir la dosis y así evitar contratiempos posteriores debido al contagio o rebrote del COVID-19, tal como sucede en la India.
En la India, el rebrote ha colapsado el sistema de salud de esa nación asiática con los problemas que conlleva la saturación de hospitales y clínicas, la escases de oxígeno y la falta de espacios en crematorios y cementerios, lo que convierte la situación en este país en un problema que las demás naciones no pueden soslayar o dejar de lado como un problema sanitario lejano o ajeno, puesto que la India constituye la segunda nación más poblada del mundo.
En nuestro país, una tercera ola de COVID-19 “parece poco probable aunque no se descarta”, aseguró el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López – Gatell Ramírez.
En otros asuntos, muy difícil es la situación del ciudadano en Chihuahua, después de tener a una de las ciudades más violentas del mundo, sólo después de Celaya y Tijuana, destaca Ciudad Juárez, sin que este análisis del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal tenga preocupado al gobierno de Javier Corral, gobernador de la entidad.
Existe un claro enfrentamiento entre el gobierno del estado encabezado por Corral Jurado y la comunidad de los LeBarón y otras víctimas de la violencia que se ha arraigado en esta entidad y sin que se pueda vislumbrar un freno a los delitos de alto impacto.
Lo que sí es cierto es que la comunidad mormona y otros afectados exigen la renuncia de Corral Jurado a quien acusan de terrorismo y por delitos de lesa humanidad, de proteger a los grupos criminales y la impunidad que caracteriza a la actual administración.
La pugna entre quienes exigen la dimisión de Corral Jurado y la administración estatal se mezcla con acusaciones mutuas sin que el gobernador o sus colaboradores puedan dimensionar la ola de violencia que azota a Chihuahua.
La administración actual está empecinada en seguir gobernando a la entidad con la imagen latente de la sangre que emerge de las personas más vulnerables y desamparadas, siendo la justicia y la seguridad oferta depreciada y bandera flácida que se ondea entre los aspirantes a un puesto de elección popular.
Hasta el momento, en Chihuahua, el Estado no puede garantizar la paz y la tranquilidad exigibles por ser un derecho humano y que se encuentra plasmado en las leyes.
Por lo pronto, en Chihuahua, los ciudadanos deberán soportar un infierno con llamas de color azul.
Y sí, Corral no sólo debe renunciar al gobierno del estado sino también ser juzgado por los delitos que se le imputan.
