LA JUSTICIA TIENE MIEDO
«— A mí no me des nada, —dijo.
Apenas rebasaba los 15 años y era la primera vez que entraba a la oficina de un juez. Me atendió amablemente, como ningún impartidor de justicia —que, incluso, en el camino de mi trayectoria periodística— me fui encontrando.
Me explicó que era un asunto menor, que las cuestiones familiares se pueden ventilar de una manera muy fácil si la parte querellante aceptaba algún tipo de acuerdo. Me orientó sobre los pasos que tenía que seguir para lograr la libertad del recluso.
Le expuse que la parte demandante exigía una cifra que ni en sueños lograría contar. —Hazle un ofrecimiento, en caso de que no acepte le comentas que pagarás la fianza y que nadie saldría beneficiado —expresó.
«— La fianza es un dinero que ni siquiera el Estado puede aprovechar y que probablemente a ustedes les haga falta —me comentó afablemente. Que lo disfrute tu familia. Si no puedes resolver el problema ven a verme de inmediato. Juntos encontraremos la manera —agregó.
Era la primera vez que pisaba un reclusorio. Al pasar por la aduana te revisan todo. A quien estaba frente a mí le pidieron desnudarse. No había distinción de género, hombres y mujeres en la misma sala. Lo único que me hacía distinto era la fila en la que me encontraba. Llegado mi turno empecé a quitarme la ropa. —Tú, no. —Dijo el oficial—. —Pásale. Me colocaron un sello y tenía miedo de que se me borrara.
«Yo soy la ley —es la expresión más común que he podido escuchar hasta en el burócrata de menor rango, en el soldado raso o en el policía, en jueces y magistrado, en agentes del ministerio público y agentes ministeriales, algún leguleyo de poca monta o en funcionarios de elección popular cuya fama trasciende más por los efectos mediáticos de algún “affaire” que los lanza al “trending topic” que por las propuestas en beneficio de sus representados.
Tal y como sostiene F. Nietzsche a lo largo de su obra, “la ley es para los débiles” o aún más, “la ley es la fuerza de los débiles”, los jueces, los poderosos, las personas privilegiadas o encumbradas jamás tendrán la imperante necesidad de apegarse a la ley o reclamar justicia, porque les pertenece, les ha sido dado, tienen la ley en sus manos.
Los pobres, los débiles, los desprotegidos y marginados deben hacer uso de los propios instrumentos que se han diseñado para su protección, es decir, bajo el amparo de una ley que ha sido instrumentalizado y creado por el poderoso. ¿Quiénes aprueban o crean las leyes? ¿Quiénes la ejecutan?
Sin embargo, —hoy— litigantes, jueces y magistrados han buscado la sombra del relator especial de la ONU para protegerse de las embestidas dadas desde Palacio Nacional a lo que ellos consideran amenazas a la autonomía e independencia del Poder Judicial.
Ellos que son la ley, y que nunca han sido cuestionados por sus múltiples y reprobables resoluciones judiciales, quienes han sometido al imperio del dinero a la verdad y la justicia, condenando a inocentes y dejando en libertad a quienes verdaderamente han transgredido la ley, multiplicando la cantidad de reos en las prisiones estatales, en las que se pueden encontrar a quien ha robado cien pesos, pero no a quien ha truncado los sueños de comunidades enteras o quebrantado las arcas del Estado en beneficio propio o de grupo porque estos últimos han tejido relaciones y establecido puentes con uno de los poderes del Estado, que hoy reclama independencia y autonomía.
Hoy jueces y magistrados, conocedores de los vericuetos legales y de las instancias jurídicas a las que deben acudir, o a los que se debe apelar en caso de una amenaza o injusticia, tienen miedo. Miedo de perder el coto de poder que por décadas han usufructuado, detentado y acaparado para sí y los suyos.
Los impartidores de justicia saben que por decreto puede desaparecer la justicia inerte que sólo permanece impresa o es letra muerta, pero que en la práctica ésta ha sido borrada o soterrada, inhumada por el poder rimbombante y estridente del dinero. ¿La justicia tiene precio?
Si bien es cierto que el Presidente de la República arengó la propuesta gubernamental de reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y a la Ley de Carrera Judicial del propio PJF, también lo es que muchas acciones que parten del palacio de justicia deben ser cuestionadas.
¿Cuántos inocentes? ¿Cuál es el precio de la inocencia? ¿Cuántas injusticias? Confesiones arrancadas por la fuerza de la tortura, de amenazas o coacción. Culpables que nunca lo fueron, pero están detrás de las rejas.
Tal como lo he sostenido en entregas anteriores, ojalá existan más jueces como el profeta Daniel.
Tal como lo establecen los principios generales del Contrato Social, el Estado y su fuerza recae en el equilibrio de los tres poderes, ninguno encima del otro. Jueces y magistrados conocen los alcances de la arenga presidencial.
Concluyo. Aplaudo la iniciativa del Presidente de la República de aumentar la pensión a los adultos mayores a seis mil pesos bimestrales y disminuir la edad a 65 años para recibir el apoyo gubernamental. Si bien es cierto que los conservadores le darán un sesgo electorero a la iniciativa, también es lo es que los recursos del Estado están llegando a una población en sí misma vulnerable.
