Uno de los retos que afrontó el autodenominado gobierno de la cuarta trasformación durante su primer año fue la migración en tránsito hacia Estados Unidos. Hubo al menos dos temas que definieron lo sucedido durante este año: el envío a México de personas solicitantes de asilo en Estados Unidos mediante el denominado plan “Quédate en México” y la amenaza por parte de Donald Trump de incrementar los aranceles a productos mexicanos que ingresan a Estados Unidos si es que el gobierno mexicano no frenaba el flujo migratorio.
Respecto a este último punto, el gobierno logró disminuir el flujo a la frontera norte de México pero parte de su estrategia fue enviar a elementos de la recién creada Guardia Nacional (GN) a contener a la población migrante. Situación que no fue bien vista por parte de la sociedad sobre todo entre los defensores de derechos humanos, ya que el personal del GN no estaba (o está) capacitado para realizar esta labor, además que no es parte de sus funciones. No obstante las críticas, el gobierno prosiguió con su estrategia y alcanzó una cifra record respecto al número de personas presentadas ante autoridades migratorias mexicanas, 31 mil en el mes de junio y el monto anual posiblemente será de los más altos de los últimos años con cerca de 220 mil casos.
Sin embargo hay otro aspecto que caracteriza al 2019 respecto a años anteriores, hay una diferencia importante entre el número de eventos de personas presentadas ante las autoridades migratorias respecto a los eventos de personas enviadas a su país de origen, hasta septiembre de este año la relación es de 65 por 100 mientras que en 2018 fue de 88 por 100. Esta diferencia posiblemente se explica porque cada vez son más las personas que solicitan refugio en México, entre enero y octubre de 2019 hubo 63 mil solicitudes, lo que representa más del doble de lo observado en todo 2018.
Además de los solicitantes de refugio en México, en la frontera norte se está recibiendo desde Estados Unidos a los solicitantes de asilo a ese país que ingresaron por la frontera suroeste, el monto sigue creciendo y la última cifra que ofrecen organizaciones como TRAC, muestra que en septiembre se enviaron cerca de 12 mil personas, lo que representa el doble de lo observado en el mes de agosto. Por ahora no hay indicios de que esto vaya a cambiar por lo que las localidades fronterizas en México, como es Tijuana o Ciudad Juárez, deberán seguir recibiendo a las personas que esperan se resuelva su solicitud de asilo en Estados Unidos.
La situación anterior implica varios retos para el gobierno ya que en el discurso el gobierno se planteó que una forma de frenar los flujos de población era ofrecer oportunidades de empleo en México e incluso colaborar con el desarrollo económico de las zonas expulsoras, de hecho se firmó un pacto entre los gobiernos de Honduras y México para desarrollar esquemas de cooperación y financiar programas sociales. Sin embargo, en los hechos prácticamente se observa lo mismo que ha venido sucediendo en administraciones anteriores, la política de contención prevalece ante el derecho de miles de personas que buscan mejores oportunidades fuera de su lugar de origen. Si en el 2020 el gobierno quiere demostrar que se está trabajando en cambiar la política migratoria deberá replantear lo que se ha venido haciendo, claro está que los cambios de este tipo requieren de tiempo y están limitados por la relación con Estados Unidos. Sin embargo un primer paso es garantizar que aquellas personas que solicitan refugio tengan la oportunidad de permanecer en México y encuentren en este país un contexto favorable para su integración.
