Bajo el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000), inició el acotamiento de las facultades metaconstitucionales del presidente de la República. En ese entonces, también desde la presidencia se impulsó un proceso de “sana distancia” respecto al partido oficial. El sistema presidencialista entró en una fase de cambios que en gran medida culminó con la alternancia política de 2000. Sobre estas transformaciones en diferentes órdenes de la vida pública nacional me referiré en otro artículo.
Lo que me interesa señalar son algunas de las consecuencias de esos cambios en términos de la redistribución del poder. El presidencialismo mexicano se replicaba en cada una de las entidades y municipios. Así como el jefe del Ejecutivo federal tenía preeminencia sobre los otros poderes (Legislativo y Judicial), así los gobernadores controlaban a los congresos y al Poder Judicial local. Lo mismo hacían los alcaldes sobre los cabildos. Se trataba de una relación de poder vertical antes que horizontal.
Los gobernadores eran amos y señores de sus entidades. Administraban su territorio como mejor les convenía. Fueron llamado “virreyes”, por el amplio poder político y económico que concentraron. La única vía que tenía el poder central cuando los excesos eran escandalosos y la corrupción había corroído todas las estructuras gubernamentales, era la destitución. El presidente que más utilizó esta medida fue Carlos Salinas de Gortari pues destituyó a 19 gobernadores. A partir de Ernesto Zedilla, el acotamiento presidencial de los poderes metaconstitucionales significó un nuevo redimensionamiento del poder de los gobernadores. Esos espacios de poder lo ganaron los ejecutivos estatales. De “virreyes”, muchos pasaron a ser verdaderos “señores feudales”.
Como sabemos, actualmente el origen partidista de los gobernadores nos indica que hay 11 del PRI, 10 del PAN, 6 de MORENA, 1 del PRD, 1 MC, 1 del PES, 1 Independiente y 1 sustituto. Sin embargo, éste último es de filiación priista y sustituyó a otro miembro del PRI en el estado de Campeche. Eso significa que por mucho, los partidos de oposición al gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador controlan el poder en sus entidades. El partido del presidente es minoritario con 6 gobernadores y eventualmente sumaría al titular del Ejecutivo de Morelos, quien fue electo como abanderado del PES.
Evidentemente es en este ámbito de gobierno y territorial de donde ha surgido una fuerza institucional de oposición a la política federal. Lo hemos visto en las últimas semanas, sobre todo a raíz de la crisis de salud pública generada por la pandemia del Coronavirus y sus consecuencias económicas. Incluso varios se han sumado a la demanda de revisar el pacto fiscal y algunos otros, han llamado a desconocer la estrategia sanitaria encabezada por el subsecretario de prevención y promoción de la salud, Hugo López-Gatell.
Respecto a lo primero, cinco gobernadores insisten en que el trato de la federación es injusto respecto a la riqueza generada y lo que la federación les regresa en términos de participaciones federales. La confrontación la han encabezado los gobernadores de Jalisco, Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua y Coahuila (cuyas afiliaciones partidistas son MC, Independiente, PAN, PAN y PRI, respectivamente).
Respecto al rechazo a la estrategia sanitaria federal, han sido insistentes los gobernadores de Jalisco, Enrique Alfaro; de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo y Jaime Bonilla Valdez de Baja California. Estos tres ejecutivos ganaron sus respectivas elecciones como candidatos de MC, PRD y MORENA, respectivamente. Llama la atención la posición de Bonilla pues se declaraba amigo del presidente y miembro de su partido. Las hipótesis sobre su actitud señalan que hay molestia de su parte por tres situaciones: la cancelación de los permisos de operación a la cervecera Constellation Brands, la inminente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contraria a su litigio por alargar el periodo de su gobierno de 2 a 5 años y su deseo de levantar la cuarentena antes del 30 de mayo.
Ante la fragmentación de los partidos políticos de oposición y la ausencia de liderazgos sociales y políticos, algunos gobernadores han decidido aprovechar la pandemia y la crisis económica para proyectarse como futuros candidatos a la presidencia de la República en 2024 y en el camino ganar posiciones favorables a su causa en los comicios intermedios del próximo año.
