En México más de 30 millones son personas jóvenes, representando el 25.7 % de la población total, de los cuales alrededor de 20 millones viven en condiciones que van de pobreza a pobreza extrema (INEGI, 2018). Por tanto hablar de los derechos humanos de los jóvenes exige reconocer que tales derechos deben brindarles todas aquellas condiciones que garanticen el respeto a su dignidad, les permita desarrollarse plenamente y trascender en la vida, independientemente de las circunstancias en que se encuentren.
Si bien no existe uniformidad de criterios para establecer el inicio y fin de la juventud cuyo reconocimiento se vincula con esquemas culturales, y sociales, la Organización Mundial de la Salud (2018) plantea que los jóvenes son aquellas personas que están en el período de la vida que se ubica entre los 18 y 30 años, temporalidad en la cual el ser humano está en condiciones óptimas para el desarrollo de sus potencialidades físicas, psicológicas, cognitivas, laborales, y reproductivas; sin embargo para México, tal condición se contempla de los 15 a los 29 años.
Son sus propias características las que lleva a los jóvenes a presentar una marcada condición de vulnerabilidad, traduciéndose en precariedad y exclusión, experimentando discriminación por nivel o condición social, apariencia física, condición económica, lugar en donde viven, etc; además de falta de oportunidades efectivas de acceso a la educación, a los servicios de salud y laborales, ya que son los jóvenes los peor pagados y quienes más trabajan, por señalar algunas.
De entre los riesgos emanados de dicha vulnerabilidad en México, destacan los relativos a las violencias del país por lo que la Universidad de Stanford a través del Laboratorio de Pobreza, Violencia y Gobernanza, afirma que son precisamente los jóvenes las principales víctimas del delito, pero también sus principales victimarios y que en éste país dicha actividad delictiva inicia en la adolescencia temprana de entre los 12 y los 15 años. Además los jóvenes actualmente tienen poca o nula supervisión sobre sus actividades diarias, están expuestos a los distintos contenidos, la desinformación y mala influencia de las redes sociales por lo que algunos medios aluden a la grave crisis de valores que este grupo vulnerable enfrenta, incrementándose los indicadores de deserción escolar, además del aumento exponencial de la drogadicción juvenil, el número de embarazos no deseados, el incremento del ingreso de éstos a las filas de las pandillas y al crimen organizado llegando con frecuencia a ser víctimas de eventos violentos.
Considerando que los derechos humanos de los jóvenes se orientan a coadyuvar en su desarrollo y trascendencia, se generó una normatividad tanto nacional como internacional (ONU, CEPAL) orientadas a velar por su observancia, destacando países como España al generar esquemas exclusivos para un trato digno de dicha grupo poblacional, como el documento titulado “Derecho de los Jóvenes” en cuyos 18 artículos se contemplan el derecho a: La identidad como joven, a su autonomía, a ser escuchado, su derecho a la inexperiencia, al esparcimiento sano, a su consideración tanto moral como jurídica, a la igualdad, a la vida escolar y su protección, principalmente.
A partir de lo anterior, es posible observar que no obstante los esfuerzos de algunos gobiernos, prevalece la interrogante sobre ¿Qué hacer para reducir la vulnerabilidad de los jóvenes? Si bien se reconoce la necesidad de fomentar e incrementar la atención familiar desde la niñez para evitar jóvenes vulnerables, la realidad socioeconómica actual promueve el trabajo fuera de casa de ambos padres, quienes intentan cubrir medianamente las necesidades elementales de alimentación, educación y salud.
Es cierto que ha habido un avance significativo en esquemas de respeto, promoción, protección y garantía de los derechos humanos de los jóvenes en México, destacando las reforma constitucional de 2011, la creación leyes y reglamentos relativos al tema, el surgimiento del Instituto Mexicano de la Juventud, las dependencias estatales y municipales y la generación de programas gubernamentales como el denominado “Jóvenes construyendo el futuro”, mencionado por ser el más reciente (2019); sin embargo, aún existen grandes desafíos. Es necesario generar análisis puntuales que permitan identificar la estructura interna de la problemática y la dimensión de la misma, para estar en condiciones de proponer soluciones efectivas y eficaces. Urge apostarle a la educación, pero una educación de calidad que no soslaye la mediocridad, sino que abone competencias y saberes a la fuerza laboral más importante del país, que reduzca las vulnerabilidades al traducirse en fortalezas y mejores condiciones de vida para la sociedad porque finalmente … la vulnerabilidad no se quita con los años.
