El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) presentó un nuevo modelo
de cobranza social que incentiva el pago continuo y oportuno de los créditos, privilegia la conservación
del patrimonio del acreditado y le otorga soluciones accesibles en caso de quedarse sin empleo o que
tenga dificultades para pagar.
El director general, Carlos Martínez Velázquez, dijo que, atendiendo las recomendaciones de la Comisión
Federal de Competencia Económica (Cofece), se llevó a cabo una licitación inédita para contratar a los
despachos que realizarán la mediación con los acreditados, con la finalidad de erradicar abusos y malas
prácticas, así como de terminar con el despilfarro de recursos.
En este sentido, Martínez Velázquez explicó que, ante el incremento de la cartera vencida durante la
última década, las administraciones anteriores adjudicaron de manera directa contratos a despachos sin
controles suficientes sobre su trabajo y los pagos que recibían, derivando en un incremento de 328% en
el gasto destinado a estos proveedores en el periodo 2013-2018 (36,000 millones de pesos) con respecto
al periodo 2007-2012 (8,400 millones de pesos). Tan solo en 2018 el gasto en despachos ascendió a 11,000 millones de pesos. A la luz de la nueva licitación, el Infonavit obtendrá ahorros en el orden de 30% en los aranceles pagados a los despachos.
Bernardo Altamirano Rodríguez, subdirector de Administración de Cartera, explicó que, para frenar este
gasto excesivo, en la nueva administración del Infonavit los despachos serán contratados con base en
criterios de competencia, transparencia y eficiencia económica, por lo cual entre mayo y agosto del
presente año se realizó una licitación inédita en la historia del Instituto.
En dicha licitación se contó con la participación de 140 despachos, de los cuales 32 recibieron una
dictaminación técnica positiva y 27 recibieron una dictaminación económica positiva, arrojando como
resultado la adjudicación de 51 contratos a 19 despachos que proveerán servicios de cobranza en 20 zonas geográficas, quienes privilegiarán la mediación y las soluciones con los acreditados.
Por su parte, el subdirector general de Administración y Recursos Humanos, Luis César Priego Valdez,
precisó que, por un lado, se eliminó del proceso licitatorio a dos despachos que están siendo investigados por la Auditoría del Infonavit debido a su participación en el litigio de los llamados “juicios masivos”; y por el otro, entre las cláusulas de participación de esta licitación se incluyó una de “independencia”, que indica que el monto del contrato no puede superar el 25% de los ingresos totales de cada participante. En otras palabras, el Infonavit no debe ser el único cliente del proveedor o consorcio participante.
Los beneficios del nuevo esquema de cobranza social, explicó Rogerio Castro, titular de la Secretaría
General y Jurídica del Instituto, son:
• Apoyo a los acreditados con dificultad de pago, para que preserven su patrimonio.
• Soluciones de cobranza accesibles y financieramente viables.
• Administración de la cartera que permita recuperar los créditos hasta su liquidación, sin perder
de vista la misión social del instituto.
• Identificación de aquellos créditos que recién perdieron el empleo o han caído en impago.
• Contacto inmediato con el acreditado para evitar que pierdan el hábito de pago.
• Incentivos al pago continuo y oportuno de los acreditados.
• Mediación como un mecanismo alternativo para la solución de controversias.
• Soluciones administrativas mediante apoyos de reestructura para evitar un mayor deterioro.
• Reasignación de las viviendas recuperadas a nuevos acreditados.
• Evitar procesos judiciales que concluyan en la adjudicación de la vivienda y en una eventual
afectación del patrimonio de los acreditados.
El Infonavit es una institución de solidaridad, servicio y seguridad social del Estado Mexicano, que tiene
como objetivo otorgar crédito barato y suficiente para que las y los trabajadores del sector formal puedan acceder a una vivienda adecuada y formar un patrimonio. Asimismo, es la hipotecaria más grande en América Latina y la cuarta en el mundo, administrando más de 62 millones de subcuentas de vivienda equivalentes a 1.13 billones de pesos.
