Tijuana.- A diferencia del resto de los impuestos, los de tipo ambiental o “verdes” son inteligentes, porque su fin primordial no es recaudatorio, sino el inhibir o compensar daños a la salud pública y al medio ambiente, promoviendo cambios en el comportamiento de las empresas y los consumidores.
Así lo recalcó en entrevista el ingeniero José Carmelo Zavala Álvarez, Subsecretario de Desarrollo Sustentable del Estado, destacando que el manejo transparente de los recursos obtenidos mediante impuestos ambientales podría generar confianza en los ciudadanos, pero para ello es vital que desde un inicio se etiquete el uso que tendrán.
“Un gobierno que se atreve a reducir la discrecionalidad de la hacienda pública es un gobierno valiente y diferente; sólo así se gana la confianza y credibilidad del contribuyente y, eventualmente, el impuesto es aceptado al quedar demostrada la eficacia en la aplicación del recurso, cuando se refleje en la mejora del medio mediante y la salud pública”, opinó.
El fundador del Centro de Innovación y Gestión Ambiental (CIGA) dijo que mientras Australia y Alemania tienen 6 tipos de impuestos ambientales, Chile 5 y Estados Unidos 4, en México hay sólo 3, enfocados en distintos rubros: los relativos al manejo de tierra, suelo y recursos naturales; los dirigidos a productos petroleros y los impuestos orientados a vehículos.
“Según un estudio reciente del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), entre los países que aplican impuestos ambientales, México percibe la recaudación más baja por este tipo de gravámenes: mientras Australia y Alemania recaudan en promedio 1.9% de su Producto Interno Bruto, en México esto representa sólo 0.1 por ciento”, detalló.
Explicó que los impuestos verdes no sólo inhiben el daño a la salud y a la naturaleza, sino que representan un avance para sacar la “cuenta completa” y que la actividad económica no se subsidie a costillas de la naturaleza, para que la rentabilidad y competitividad de las empresas no dependan de costos ambientales no incorporados a productos y/o servicios.
“Al ser impuestos ecológicos diseñados para la compensación de impactos ambientales adversos o para disminuir el riesgo a la salud, los impuestos verdes son una herramienta de distribución válida e inteligente, además de que al ser etiquetados se evita que los recursos puedan desviarse hacia objetivos temáticos diferentes a su concepto inicial de diseño”, dijo.
Agregó que los recursos generados desde impuestos ambientales o verdes manejados con transparencia pueden eventualmente ganar la confianza y voluntad del contribuyente, lo que los convierte en un caso excepcional entre los impuestos, porque podría contradecir la definición etimológica de la palabra impuesto, que tiene una determinación no voluntaria.
El egresado del Programa de Estudios Avanzados en Desarrollo Sustentable de El Colegio de México y la Fundación Rockefeller (LEAD-México) opinó que los impuestos ambientales anunciados por el gobierno de Baja California alcanzarán un mayor nivel de aceptación, en la medida que sea público el destino de los recursos y sea transparente su aplicación.
“Estos ingresos podrían resultar un alivio a los serios problemas de contaminación de aire en Mexicali, pueden significar una seria red de estaciones para monitorear la calidad de aire; hoy las estaciones están abandonadas, se deben actualizar, modernizar y ampliar”, consideró José Carmelo Zavala.
Podrían aplicarse, añadió, para desarrollar mercados verdes; infraestructura verde; inspección y vigilancia; fomentar una economía circular; apoyar que los gobiernos municipales puedan separar los residuos sólidos urbanos desde su punto de origen o reconvertir el transporte público a combustibles limpios como el gas natural vehicular.
“Puede lanzarse un programa serio de energía limpia en la operación completa del gobierno, para la protección de la biodiversidad, un sistema estatal de áreas naturales protegidas, programa de techos solares en estacionamientos, escuelas y edificios, para implementar en Baja California una política pública que tenga como columna transversal los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) trazados por la ONU”, recalcó.
Zavala Álvarez comentó que al tener impuestos etiquetados se reduce la discrecionalidad en la aplicación y se gana confianza, algo que ya ocurre en temas como salud, educación, turismo y que cada vez es más una tendencia en el actual gobierno federal, que declara con anticipación al ingreso el destino del recurso por recaudar en el futuro inmediato.
El titular de la Subsecretaría de Desarrollo Sustentable, que es parte de la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo (SEST), aclaró que para evitar que estos impuestos se vuelvan un “green wash” o lavado verde, es decir, que sólo sean una moda y se usen para maquillar la imagen de una institución, lo recaudado debe ir a un fondo específico.
“Debe crearse un Fondo Ambiental o Fondo Verde, que ya se contempla desde hace años en la legislación mexicana y en la de Baja California, para que desde allí se apliquen los recursos con transparencia y conforme al fin que se declaró en la recaudación, mediante un comité que priorice la inversión”, concluyó.
