Mexicali. – El Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California firmó un convenio con organizaciones de la Red Nacional Anticorrupción con la finalidad de fortalecer la construcción de la Política Estatal Anticorrupción.
El acuerdo lo signó el secretario Ejecutivo del SEABC, Luis Irineo, con María Fernanda Galicia Pacheco de la organización juvenil Mexiro y de Christian Hernández de Tierra Colectiva, Ciudadanía, Género y Medio Ambiente.
Irineo Romero ponderó esta colaboración e interés en una vertiente importantísima en el diseño de sistemas anticorrupción porque “no funcionan sin el acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil y más de jóvenes que han hecho una premisa suya el combate a la corrupción”.
María Fernanda Galicia definió a Mexiro como una organización de la sociedad civil feminista, de desarrollo sostenible y que propone descentralizar el poder, además de luchar contra la Corrupción y la impunidad.
Señaló que este convenio trata de un trabajo mutuo de colaboración y empoderamiento de la sociedad con un enfoque de derechos humanos y feminismo por los derechos de una vida libre de violencia.
Christian Hernández destacó la importancia de la participación de la sociedad civil en el combate a la corrupción y la apertura a una participación efectiva para incidir en los destinos de un estado.
Con sede en Playas de Rosarito, esta organización se significa por hacer uso del conocimiento y nuevas tecnologías para lograr una sociedad más democrática que resuelva problemas de justicia social, respete derechos humanos, preserve la riqueza natural y alcance sustentabilidad.
La Red Nacional Anticorrupción está integrada por actores de la sociedad civil para fomentar la visibilización de los efectos de la corrupción e incidir como ciudadanos en las políticas y sistemas anticorrupción mediante el impulso de la agenda para reducir, de manera considerable, la corrupción en todas sus formas.
El acuerdo de colaboración con las asociaciones de la Red Nacional es establecer las bases de colaboración para realizar actividades conjuntas encaminadas a formular e instrumentar estrategias que fortalezcan el quehacer del Sistema Estatal Anticorrupción y las condiciones para la creación e integración efectiva de la Política Estatal Anticorrupción.
En este caso, los compromisos de las organizaciones son el acompañamiento en el proceso consultivo y participativo para la construcción de la Política Estatal con una perspectiva de apertura, inclusión, género y derechos humanos, además de generar recomendaciones.
La próxima reunión en modalidad virtual se agendó para el 9 de abril.
