Tecate.- La empresa gasera “Hidrocarburos del noroeste S.A. DE C.V., de nombre comercial ¨Rivera Gas¨, enfrenta diversas denuncias penales y está bajo investigación por delitos relacionados con obtención ilícita de permisos municipales para la instalación de una Planta de Almacenamiento de Gas LP
La mega planta se construye a un lado del gasoducto contiguo a la carretera libre Tijuana- Tecate, en zona de escuelas de preescolar, primaria, secundaria y preparatoria, escuela de policía del Estado y juzgados del Poder Judicial, en los límites de Tecate con Tijuana.
Los señalamientos por parte de esa empresa contra jueces del Poder Judicial aumentaron en la última semana del mes de marzo de 2020, cuando el juez de control penal Daniel Aguilar Patiño determinó que el Ministerio Público que sigue la investigación en la que se encuentra relacionada esa empresa gasera, por disposiciones expresas del artículo 21 de la constitución federal, 127 y 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales, está facultado para decretar técnicas de investigación como lo es el aseguramiento de inmuebles, y que está previsto como técnica de investigación a cargo del ministerio público.
Sin embargo, ante la decisión del juez Aguilar Patiño, adoptada el 26 de marzo de 2020, la empresa gasera a través de sus abogados, asesores jurídicos, apoderados y diversos medios de comunicación, lanzaron acusaciones contra el juez de control Daniel Aguilar, pero rápidamente las acusaciones revelaron un trasfondo distinto que se traduce en intentar presionar a los impartidores de justicia para que cedan ante las posturas de la gasera.
Al respecto especialistas en Derecho, señalan que la decisión del Juez Aguilar Patiño, es totalmente apegada a lo que disponen los artículos 251 y 252, del referido código nacional, pues en ellos se establece claramente que la técnica de investigación consistente en aseguramientos, no está contemplada en las técnicas que requieren de autorización judicial y que está a cargo del Ministerio Publico, y que esa autorización judicial como lo pretende la empresa gasera, el mismo código debe preverla expresamente, sin embargo el código no prevé que se requiera para ello la autorización de un juez de control.
Por lo que especialistas consideraron que la empresa gasera está revelando que lo que verdaderamente pretende es; que los ministerios públicos estén impedidos para continuar la investigación de los delitos de los que está acusada la empresa gasera. Pues así ya lo había logrado la empresa al solicitarle ilegalmente al juez de control JOSÉ GUADALUPE SIGALA ANDRADE, que en audiencia de 26 de febrero de 2020, les revisara y decidiera si el Ministerio Público tenía facultades para seguir la investigación y para decretar el aseguramiento de la Planta de Almacenamiento de Gas LP, al estar señalada como producto del delito que se investiga.
Ante lo cual el juez Sígala, accediendo a la solicitud de la empresa gasera, ilícitamente violando lo establecido en el artículo 161 del código nacional de procedimientos penales, procedió a revisar la técnica de investigación de aseguramiento.
Lo ilegal del actuar de Sigala, derivo en que revisión solo está prevista para las medidas cautelares y no para las técnicas de investigación, ya que el código nacional, en ninguna parte señala que el aseguramiento de bienes inmuebles sea una medida cautelar, por lo que de esa forma no era sujeta a revisión como lo solicitó la empresa gasera y como lo concedió el Juez Sígala, quien dejo ver la primera muestra de ilegalidad, al conceder una ventaja indebida a esa empresa, ventaja que en esa misma audiencia el Juez Sígala materializó, ordenando levantar el aseguramiento, y así finalmente la empresa gasera había conseguido que el Juez Sígala, les liberara su Planta de Almacenamiento, con miras a abrir en este mes de abril de 2020.
Sin embargo, esta situación se vio frustrada, cuando el Juez de control Daniel Patiño con la seguridad de actuar acorde a la constitución y sujetándose estrictamente a lo dispuesto en el código nacional, le reconoció al Ministerio Público las facultades expresas de continuar la investigación y de dictar técnicas de investigación incluyendo la de aseguramiento que tanto aqueja a la empresa gasera que pretende instalarse y librarse de las acusaciones penales señalando supuestas injusticias de los jueces del poder judicial del Estado.
