Si fuera un ciudadano común con una deuda inferior a los mil pesos, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, CESPT, ya hubiera mandado a instalar un reductor en el medidor del usuario moroso, pero esta condición no aplica si el deudor en referencia es una empresa o un consorcio con una capacidad de operaciones financieras por miles de millones de dólares en la entidad.
Sucedió que el Grupo Aeroportuario del Pacífico, GAP, operadora del Aeropuerto Internacional de Tijuana, —corporativo al que también el ayuntamiento de esta franja fronteriza le requiere el pago por concepto del impuesto predial de alrededor de 700 millones de pesos— así como otros requerimientos de pagos, se vio obligado a pagar la cantidad de 32.4 millones de pesos adeudada a la CESPT.
La autoridad municipal exigió a la entidad aeroportuaria el pago del impuesto predial. Ante la negativa de cubrir el adeudo requerido, procedió al cierre de algunos locales, tiendas de conveniencia y restaurantes. Algunos locales todavía permanecen clausurados.
Como un dato que nos debe de llenar de indignación ante las exigencias de la CESPT con el ciudadano de marras es que el Grupo Aeroportuario del Pacífico sólo reportaba un consumo de 62 metros (supongo que respecto al consumo mensual) —situación que contrasta con el consumo de uso doméstico en una familia de cuatro integrantes que oscila entre los 5 y los 10 metros cúbicos al mes—, el consumo reportado difirió al instalarse un medidor ya que la variación fue fijada en 10 mil metros cúbicos. Supongo que el agua ya dilapidada en el consumo y que no fue pagada quedará en el olvido.
Frente a esta situación que resultaba insultante y onerosa para la población de esta franja fronteriza el titular del Ejecutivo Estatal arengó que el aeropuerto de Tijuana “se han estado robando el agua”: “El consumo de agua lo están pagando todos los tijuanenses porque el aeropuerto no paga agua, o sea se han estado robando el agua”.
Lo cierto es que numerosas empresas han evadido su responsabilidad de cubrir diversos adeudos a las entidades locales, ya por un concepto; ya, por otro.
Lo lamentable es que ha sido por años y fueron solapados por las diversas administraciones de distintos colores partidistas. Rojos y azules enmascararon estas conductas irregulares de los grandes corporativos y se ensañan con el ciudadano de a pie con diversas amenazas y amagándolo con el embargo de sus propiedades en caso de no cubrir el pago del impuesto predial; y al que obligan a pagar el suministro del agua, cortando o reduciendo el suministro del vital líquido en un fin de semana.
Cabe señalar que algunas zonas del aeropuerto son consideradas zonas federales, no así la zona de los locales que se rigen bajo otros rubros legislativos a partir del giro comercial. La situación no es privativa de las autoridades locales de Tijuana sino de muchos ayuntamientos que enfrentan una situación similar debido al cohecho o al solapamiento de ciertas pautas de conductas de los corporativos que amparados bajo la figura de zona federal logran evadir la responsabilidad que les impone la normatividad local.
Lo importante es que algunas entidades municipales ya han logrado el cobro y la regularización, a fuerza de litigio, de los impuestos a los que están obligados las concesionarias aeroportuarias. Me pueden consultar cuáles son los ayuntamientos y el cómo lograron someter a estos grandes evasores fiscales y contribuyentes morosos.
VIOLENCIA.
En diversas entidades del país: Guanajuato, Sonora, Guerrero y Chiapas, entre otras entidades, se ha desatado una ola imparable de violencia que atenta en contra de la seguridad de los ciudadanos y revela la incapacidad de los gobiernos locales por enfrentar a los grupos delictivos e imponer el imperio de la ley, la justicia y la paz social.
Tan es así que Guanajuato ha registrado el choque de grupos delictivos antagónicos que pelean entre sí el control de la plaza ante un Diego Sinhue —mandatario ciego e inepto que gobierna solamente dentro de su palacio— y que presta oídos sordos al clamor popular que ruega por el establecimiento del orden y de la tranquilidad, responsabilidades ineludibles en un Estado de derecho.
A los eventos de Guanajuato se suma la emboscada a seis elementos de la policía estatal de Guerrero perpetrado en la localidad de Taxco, Guerrero.
Lo más lamentable es el hecho delictuoso registrado en pleno centro de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde un escolta de la hija del gobernador Rutilio Escandón disparó en contra de la ex pareja de la hija del mandatario estatal. Cuestión de pasiones y no de razones o el imperio del Estado de derecho.
SISMO DE 7.5.
El sismo registrado en la localidad oaxaqueña de Crucecita, Huatulco, acaparó los titulares de los medios informativos la mañana de este martes 23 de junio. Hasta el momento se han reportado cinco muertos, daños estructurales en viviendas, hospitales, templos y oficinas públicas.
Debido a las afectaciones registradas en 50 municipios de Oaxaca, el mandatario estatal pidió al gobierno federal la declaratoria de emergencia.
Pobladores de Veracruz, Chiapas, Ciudad de México, Morelos, Oaxaca, EDOMEX, Hidalgo, Puebla y Guerrero sintieron el movimiento telúrico que se prolongó durante casi 2 minutos, según algunos reportes.
