Del arranque de las campañas
Este domingo inició el tiempo de campaña para la gubernatura de Baja California, contienda en la que participan siete personas: Guadalupe Jones, Marina del Pilar, Jorge Hank, Victoria Bentley, Carlos Atilano, Jorge Ojeda y Alcibíades García, quien entró de última hora como candidato de Movimiento Ciudadano, en lugar de Alejandro Mungaray. Son entonces tres mujeres y cuatro hombres quienes compiten.
Será la primera campaña en la que se podrá encarcelar a quien cometa violencia política contra las mujeres en razón de género, con base en la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que en su artículo 20 Bis, que fue adicionado apenas el año pasado, señala los catorce supuestos en los que una persona comete dicho delito.
Cualquier persona puede ser juzgada por cometer este tipo de violencia de género, sin embargo, para los servidores públicos, funcionarios electorales, funcionarios partidistas, precandidatos y candidatos, las penas aumentan en un tercio. En general se aplican de 2 a 6 años de cárcel por este delito, y aumenta en un 50 por ciento cuando la víctima es indígena.
Las personas que nos dedicamos al periodismo estaremos en la mira de manera permanente, por lo que es importante extremar precauciones. Colegas de esta entidad ya se han quejado de ser víctimas de ser denunciados por este delito sin haberlo cometido, sin embargo, es importante que estemos al tanto de lo que dicen las leyes para no ser sorprendidos.
En la fracción octava, por ejemplo, menciona que incurre en el delito quien publique o divulgue imágenes, mensajes o información privada de una mujer, que no tenga
relación con su vida pública, utilizando estereotipos de género que limiten o menoscaben el
ejercicio de sus derechos políticos y electorales.
En la fracción décimo cuarta, señala que también comete el delito quien realice o distribuya propaganda político electoral que degrade o denigre a una mujer, basándose en estereotipos de género, con el objetivo de menoscabar su imagen pública o limitar sus derechos políticos y electorales.
La fracción sexta estipula que quien limite o niegue a una mujer el otorgamiento, ejercicio de recursos o prerrogativas, en términos de ley, para el desempeño de sus funciones, empleo, cargo, comisión, o con la finalidad de limitar el ejercicio de sus derechos políticos y electorales, también comete este delito.
En la fracción tercera señala que también es motivo de vinculación a proceso amenazar o intimidar a una mujer, directa o indirectamente, con el objeto de inducirla u obligarla a presentar su renuncia a una precandidatura o candidatura de elección popular.
Y el la fracción décima, hace mención de que, incurre en el delito quien proporcione información incompleta o datos falsos a las autoridades administrativas o
jurisdiccionales en materia electoral, con la finalidad de impedir el ejercicio de los derechos
políticos y electorales de las mujeres.
Además de los años de prisión, a las personas que comentan violencia política contra las mujeres en razón de género, se les impondrá una multa de hasta 300 días multa, es decir, trescientas veces la percepción neta diaria del sentenciado en el momento de consumar el delito.
En mi opinión, uno de los primeros en cometer este delito fue el propio gobernador, Jaime Bonilla, cuando dijo que Lupita Jones no tenía nada qué hacer en la contienda por la gubernatura, ya que no se trataba de un concurso de belleza.
Otro que siguió sus pasos fue el alcalde de Ensenada, Armando Ayala, al declarar hace unos días que los recintos públicos no eran para recibir “aspirantillas”, haciendo referencia a Lupita Jones y Brenda Mendoza, que fueron recibidas por el Concejo Fundacional de San Quintín, en su sala de sesiones.
*Joatam de Basabe es comunicólogo y periodista, con más de una década de trayectoria en los medios de comunicación (radio, periódico, televisión e Internet). Actualmente es secretario de la Asociación de Periodistas de Ensenada y reportero de Televisa Californias.
