De la eliminación de los fideicomisos
Fueron aprobadas, en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, las reformas para desaparecer 109 fondos y fideicomisos de ciencia, cultura, deporte, para la atención de desastres naturales, para el cambio climático, para la protección de los defensores de derechos humanos y periodistas, entre otros.
De entrada es importante poner en contexto los pros y contras de esta polémica decisión: por un lado se dice que había corrupción, por lo menos en algunos de estos fondos y fideicomisos, y que al eliminar los mismos se hará llegar el recurso de manera directa a quien lo necesite.
Por otro lado, no se garantiza que eso vaya a suceder, porque no se reetiqueta el recurso para nada en específico, queda a discreción de la Secretaría de Hacienda (o del presidente de la República) para qué se usarán los más de 68 mil millones de pesos que se pretenden obtener con la desaparición de los fideicomisos.
Tanto se podrían utilizar efectivamente para apoyar las mismas causas, de manera directa y transparente, o se podrían utilizar para la refinería de Dos Bocas, el Aeropuerto de Santa Lucía, o incluso para los programas sociales, que se traducen en popularidad para ganar votos, en el marco de las campañas electorales de 2021.
Algo interesante a resaltar es que el dinero que está en los fideicomisos no son sólo recursos públicos, sino que también hay recursos autogenerados, por ejemplo en el caso de los centros de investigación como el Cicese o el Colef, son recursos que han obtenido ya sea por donativos de la iniciativa privada o por la venta de patentes, entre otros conceptos.
Dichos fideicomisos son observados por el gobierno y por el órgano de control interno de los propios centros, tienen funciones específicas y cada peso que se gasta es aprobado por el comité, según explicó José Roldán Xopa, doctor en derecho y profesor investigador del Cide, otro de los centros Conacyt que se quedaría sin fideicomiso.
El dictamen, para eliminar a los más de cien fondos y fideicomisos, señala que los recursos autogenerados se respetarán y quedarán en control de las tesorerías de las distintas instituciones, sin embargo, tampoco quedan exentos de ser afectados con alguna otra política de austeridad.
La solución a los problemas de corrupción o desvío de recursos, hasta el momento, no ha sido destruir lo existente ni el uso discrecional de las partidas, eso sólo ha agravado más la situación; lo que se tendría que hacer en todo caso, es investigar a detalle cada uno de los fondos y fiscalizar de una manera eficiente el ejercicio de los recursos públicos.
De aprobarse en el pleno del Congreso de la Unión (este martes) la eliminación de los fondos y fideicomisos, y aprobarse en el Senado posteriormente, se podía venir una avalancha de amparos por parte de las organizaciones afectadas, ya que se podría argumentar la violación de derechos fundamentales, como la educación, la salud, entre otros.
Hoy más que nunca se le deben ofrecer garantías a esos sectores que son tan necesarios e indispensables para sacar a México de la crisis generalizada que atraviesa: pandemia, violencia, caída de la economía, por mencionar algunas.
Hoy más que nunca no se puede permitir que los recursos queden a la deriva, a expensas de la buena voluntad de una persona, que hasta el momento no ha demostrado ser respetuoso de su palabra ni firme en sus decisiones.
*Joatam de Basabe es comunicólogo y periodista, con más de una década de trayectoria en los medios de comunicación (radio, periódico, televisión e Internet). Actualmente es secretario de la Asociación de Periodistas de Ensenada y reportero de Televisa Californias.
