Por segunda ocasión, en menos de un año, el superdelegado federal Jesús Alejandro Ruiz Uribe omite presentar denuncia ante un supuesto hecho delictivo y de corrupción.
Las omisiones intencionales, señoras y señores, también representan hechos de corrupción. También es un mensaje de impunidad de llegar a ser ciertas sus acusaciones.
La información maliciosa y/o falsa también es un acto de corrupción.
Todo cabe en el jarrito de la Cuarta Transformación peninsular, muy lejana de Mesoamérica, de los postulados de su líder Andrés Manuel López Obrador, de Morena (movimiento social y partido político) y de los Círculos de Estudios de El Fisgón.
Tejedor de exabruptos y entramados mediáticos este político local genera omisiones que representan irregularidades, de acuerdo a la Ley de Responsabilidades Administrativas a la que está sujeto, toda vez que está en la nómina del gobierno federal.
Hace 10 meses dijo que uno de sus subalternos le informó sobre el traslado de dinero en efectivo de un servidor público del gobierno de Jaime Bonilla, su mentor político y quién lo promovió para ese puesto y le debe su suerte política.
Contrapunteado con la entonces secretaría del Bienestar, quien acusó que sus diferencias provenían por quererle imponer colaboradores, Ruiz Uribe aseguró que ese dinero era prueba de la corrupción y de los moches por los contratos de servicios en el primer gobierno morenista en Baja California.
Adujo que tenía las pruebas y mostraba un vídeo donde solo se veía un carro y el secretario particular de Cinthia Gisel García, el mismo material que entregó a Bonilla en esta trama que quedó en nada: ni administrativa ni penalmente.
En lugar de apersonarse en el Ministerio Público de la Federación para presentar una denuncia de hechos de posibles actos de corrupción, le contó al gobernador su hallazgo.
Debido a los moches renunciaron la secretaría del Bienestar y el oficial Mayor Jesús Núñez, además que fue removido el militar que le dio “la cortesía” al secretario particular.
A través de la secretaría de la Honestidad se exhibió al secretario General de Gobierno, Amador Rodroguez Lozano, como integrante de este entramado de corrupción por lo que acusó que estaba obligado a separarse del cargo. También denunció ante la Fiscalía General del Estado que desestimó el caso al considerar que no hubo delitos.
Las acusaciones de Ruiz Uribe fueron apenas un puñado de arena que se disolvió en la certeza del desierto, además que incurrió en una irregularidad al no presentar denuncia ni queja ante las autoridades penales y administrativas competentes.
Hace dos meses, Ruiz Uribe buscó un acercamiento con Rodríguez Lozano. Ante la desconfianza y el recelo no fructificó la reunion en ese momento.
Un segundo momento ocurrió hace unos días cuando anunció que la Mesa de Seguridad investigaba a un jefe policiaco de Tijuana por la existencia de un ladrillo de mariguana en la cajuela de su patrulla.
De nueva cuenta, este servidor de la Nación está obligado a presentar una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República por el vídeo que le entregó -de acuerdo a fuentes periodisticas- uno de los estrategas de comunicación en imagen del último alcalde panista de Tijuana, además de formalizar una queja ante la Sindicatura Municipal, toda vez que la Mesa de Seguridad carece de facultades de investigación.
