El día 4 de mayo, según notas de prensa, al menos 100 empresas maquiladoras que operan en Baja California abrieron sus puertas nuevamente al ser autorizadas por realizar “actividades esenciales”. Dicha “normalización parcial” de las operaciones económicas en la región, significará que unos 40000 trabajadores, -alrededor del 15% del empleo total en las maquiladoras- se desplazarán desde sus domicilios a sus lugares habituales de trabajo: utilizarán los transportes de las empresas o los transportes públicos, convivirán con sus compañeros durante varias horas al día y regresarán nuevamente con sus familias cuando terminen su turno laboral. En el camino quizás compren comida en carritos y puestos informales con lo que mantendrán contacto con más personas.
Ante el anuncio se registraron nuevamente protestas de grupos de trabajadores temerosos de que la apertura ocasione un aumento en el número de contagios y ponga en riesgo sus vidas.
La justificación de la apertura se basa, como se dijo, en la idea de que los productos que ensamblan o manufacturan las plantas autorizadas son esenciales para el restablecimiento de “la cadena de suministro”. La cadena de suministro, se refiere principalmente a la relación productiva y comercial con clientes estadounidenses en las ramas aeroespacial y en productos médicos. La medida mencionada viene precedida de una solicitud del cluster aeroespacial de Baja Californa en el mes de marzo para no interrumpir la producción de dichas plantas y de otras declaraciones de representantes de estas industrias en Estados Unidos. Además, en días recientes el Pentágono instó al embajador Landau a pronunciarse sobre la necesidad de la reapertura, encargo que el embajador Landau cumplió al declarar que es necesario salvar las cadenas de suministro. La “cadena de suministro” aparece en este momentos como un ente impersonal que dicta la política sanitaria, laboral y económica de la región desde un emplazamiento desconocido en el ciberespacio. Algo similar a cuando se habla de los mercados, esos otros superpoderes invisibles que en los malos tiempos destruyen vidas y haciendas.
Sin duda, el regreso a sus puestos de trabajo de 40000 empleados formales con base en los imperativos de “la cadena de suministro” es sustancialmente diferente que la resistencia de muchos trabajadores informales a quedarse en casa por lo que ya se sabe: si los informales no salen, no ganan dinero y, como no tienen ahorros, sus posibilidades de supervivencia se reducen cada día que pasa. Cuando se trata de empleos y empleados formales, las empresas pueden y deben mantener el sueldo y las prestaciones de ley a no ser que los despidan o se declaren en quiebra.
Sin embargo, dejando a un lado las razones para la reapertura y la discusión acerca de lo esencial y lo contingente -que nos puede llevar hasta Aristóteles-, lo que parece contradictorio y muy riesgoso, es que la autorización se produzca en el segundo estado de la República por número de fallecimientos y cuando, según las autoridades sanitarias, el pico de la pandemia está próximo y se prolongará seguramente durante la segunda y tercera semana de mayo. Por ello cabe preguntarse: ¿No existe un riesgo en el aumento de contagios para estos trabajadores, para sus familias y para las personas con las que tienen contacto cotidianamente? ¿No significa en la práctica un freno a la consigna del gobierno federal de “Quédate en casa?. Algunas de estas empresas mencionan que dicho riesgo se reducirá sustancialmente porque tomarán las medidas pertinentes de higiene y sana distancia . Sin embargo, surgen otras preguntas relacionadas con las anteriores: ¿Se tomarán dichas medidas en el transporte, en el puesto de trabajo, en los contactos de los trabajadores con otras personas con las que se topen en el trayecto?. ¿Confiará la autoridad laboral en la responsabilidad de las empresas o enviará inspectores a supervisar el cumplimiento de las medidas?. Si se enviaran inspectores :¿Tienen las autoridades laborales inspectores suficientes para supervisar a las empresas mencionadas de manera oportuna?.
La apertura de estas empresas es un capítulo más de una larga e inconclusa polémica sobre la relación entre salud y economía en la pandemia. Todo el mundo está de acuerdo en que ambas son importantes, pero las discrepancias afloran en las políticas que se deben adoptar y, sobre todo, en el cálculo de la temporalidad con que se deben poner en práctica. Lo que está ocurriendo en Estados Unidos refleja estas discrepancias tanto entre autoridades como entre grupos de la sociedad civil. Y los discursos revelan tanto causas legítimas como mezquinos intereses más o menos encubiertos.
En el caso de Baja California, dado que la apertura es un hecho, ojalá se diera con el cumplimiento estricto de medidas sanitarias, pero, tomando en cuenta que la información en este como en otros temas es escasa y más bien anecdótica, seguramente nunca se sabrá qué ocurrió a ciencia cierta. Sin embargo, la evolución de la pandemia en los próximos días dará pistas acerca de si el riesgo se conjuró o no. Y si ocurriera lo peor, las partes implicadas deberían asumir su responsabilidad.
Por Alfredo Hualde
El Colegio de la Frontera Norte
